Empresario mexicano acusa a fiscalía panameña de corrupción y abuso en retención de bienes

Empresario mexicano con inversiones en Panamá acusó a la Fiscalía panameña de mantener un proceso judicial irregular, basado en acusaciones falsas y caracterizado por actos de corrupción y abuso de autoridad que han resultado en la retención injustificada de sus bienes desde octubre de 2019, según su defensa legal.

El empresario, que prefirió mantenerse anónimo, asegura que sus cuentas bancarias, propiedades y vehículos valorados en 18 millones de dólares fueron congelados sin que se le presentaran cargos formales. Detalló que el 29 de septiembre de 2022 un juez panameño declaró “no presentada la imputación” por falta de evidencias, pero a pesar de ello, la Fiscalía encabezada por la fiscal Isis Soto siguió reteniendo sus activos.

El equipo legal del empresario también denunció que la Fiscalía habría manipulado información: ocultaron pruebas favorables, continuaron con campañas de desprestigio, y negaron órdenes judiciales para devolver los bienes incluyendo vehículos que tras su decomiso fueron utilizados por funcionarios además de retirar la visa de inversionista al empresario y retenerlo arbitrariamente en el aeropuerto entre 36 y 70 horas.

El caso llegó hasta la Procuraduría General de Panamá, con solicitudes de aclaración que, según los abogados, fueron incorrectamente respondidas alegando que aún estaba pendiente una audiencia de imputación, a pesar de que ya se había resuelto en contra de la Fiscalía. La defensa acusó a los fiscales Isis Soto, Marcos Mosquera y Sandy Cedeño, así como al exvicepresidente Gabriel Carrizo, de actuar con total impunidad y de conspirar para usar el sistema de justicia como herramienta de extorsión.

Aunque la jueza Clara Montenegro ordenó levantar las medidas cautelares desde octubre de 2022, el empresario denunció que sus cuentas y propiedades continúan retenidas, y el expediente sigue activo. Ante ello, exigió oficialmente la devolución inmediata de sus bienes y que se inicien investigaciones por abuso de poder y corrupción al más alto nivel judicial.

Contexto y repercusiones

• El caso expone fallas graves en el sistema legal panameño, al evidenciar cómo un órgano judicial puede ignorar decisiones sancionadoras y perpetuar retenciones arbitrarias pese a falta de pruebas.
• Expertos legales advierten que el uso prolongado de audiencias vacías y cierres de cuentas sin imputación puede ahuyentar la inversión extranjera y deteriorar la percepción internacional de Panamá como destino seguro de negocios.
• La situación ha generado presión diplomática, pues el empresario solicitó la intervención del Procurador General, Luis Gómez Rudy, en un afán por lograr equilibrio entre soberanía judicial y protección de derechos fundamentales.

La denuncia del empresario mexicano levanta una alerta sobre posibles actos de corrupción dentro de la Fiscalía panameña y sugiere una profunda revisión del sistema judicial para garantizar el respeto debido proceso y la seguridad jurídica a los inversionistas. A medida que el caso avance, será crucial observar si las autoridades impulsan sanciones o rectificaciones, o si se profundizan tensiones diplomáticas.